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13/03/2017

El retiro de Sudáfrica de la Corte Penal Internacional (II)

Por: Gianfranco Smith

El 28 de noviembre de 2016 publiqué en este diario mis consideraciones sobre la decisión apresurada del gobierno de Sudáfrica de denunciar el Estatuto de Roma (ER), y su inminente retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) como consecuencia directa de ello.

En aquella ocasión, no solo expresé mi rechazo a la impulsiva decisión tomada por el Estado Africano, sino que también manifesté mi preocupación de que tal imprudencia pudiese entorpecer los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para frenar la impunidad internacional.

En las últimas líneas de dicha publicación sugerí que el gobierno Sudafricano debía reconsiderar su decisión y detener la denuncia del ER. Para mi sorpresa, tal sugerencia no fue acogida del Órgano Ejecutivo, sino por la Corte Suprema de Sudáfrica, la cual mediante su sentencia de 22 de febrero de 2017, indicó que la denuncia del tratado en cuestión, notificada al Secretario General de las Naciones Unidas por el Órgano Ejecutivo, fue inconstitucional, toda vez que dicho Órgano omitió solicitar la autorización del Congreso para proceder en debida forma, y que “el procedimiento para denunciar un tratado es un asunto regulado por el derecho interno en el que el derecho internacional no puede ni debe entrometerse”.  

A pesar de que esta noticia puede causar gratos sentimientos en los simpatizantes de la CPI y en los defensores de los derechos humanos, estimo conveniente realizar ciertas observaciones sobre la sentencia y las normas internacionales relativas a la denuncia de los tratados:

Primero, es preciso señalar que los requisitos para denunciar el ER están previstos en el párrafo 1 del artículo 127 de su propio texto, que en lo relevante, establece que la denuncia deberá notificarse por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas (SGNU). En dicho artículo, sin embargo, se omite indicar cuál es la entidad estatal facultada para formular este tipo de notificaciones, por lo que, a efectos de encontrar una respuesta con mayor precisión, es necesario remitirse a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT).

El artículo 67 de la CVDT establece que el instrumento para denunciar un tratado debe 1) formalizarse por escrito, y 2) venir firmado por el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores, puesto que en caso de ser presentado por un funcionario distinto a estos, el receptor tendrá derecho a solicitar la exhibición de los plenos poderes que lo faculta para realizar tal acto. En concordancia a este artículo, el artículo 7 de la misma Convención establece que no es necesario que estos tres funcionarios presenten plenos poderes para gestionar un acto relativo a la celebración de un tratado (aunque la Comisión de Derecho Internacional reconoció que el mismo principio opera para las denuncia de los tratados), porque son considerados representantes de su Estado.

Lo anterior me permite sostener el argumento de que el Ministerio de Relaciones Internacional y Cooperación estaba facultado (por lo menos en el plano internacional) para firmar y presentar el instrumento de denuncia del ER ante el SGNU.
 
Pero me pregunto, ¿qué razonamiento pudo llevar a la Corte a concluir que lo anterior debía realizarse con autorización del Congreso?. Al revisar la Sentencia pude percatarme que el enfoque de la Corte fue apegado exclusivamente a su derecho interno, descuidando la existencia de las disposiciones internacionales relevantes ya mencionada. Según ésta, “el procedimiento para denunciar un tratado es un asunto regulado por el derecho interno en el que el derecho internacional no puede ni debe entrometerse”, lo cual, me atrevo a decir que adolece de imprecisiones e imperfecciones, porque –sin mencionar lo expuesto– el artículo 54 (a) de la CVDT establece que las denuncias de los tratados se realizan conforme a las disposiciones del propio tratado, y la sección cuarta de la misma convención regula expresamente el “procedimiento” para retirarse de un tratado (ver artículo 65 de la CVDT).

A pesar de sus imprecisiones en materia internacional, la declaratoria de inconstitucional proferida por la sentencia de Corte Sudafricana constituye un bloqueo momentáneo a las actuaciones del gobierno (aunque sea interno) y representa un alivio temporal para los seguidores de la CPI, sin embargo no ofrece la seguridad que se merecen, pues el gobierno sudafricano aún tiene derecho a apelar la decisión. Quedará esperar atentamente el próximo paso del gobierno Sudafricano; espero que recapaciten.

El autor es miembro de la Fundación Libertad

    


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