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29/05/2017

La partida discrecional es solo un síntoma

Por: Jaime Raul Molina

La noticia de que dineros de la partida discrecional del presidente de la República han sido utilizados para diversos fines claramente ajenos a cualquier necesidad de estado, ha generado debate en la opinión pública sobre la necesidad de regular el uso de dicha partida discrecional o de eliminarla por completo. Este artículo no es sobre la partida discrecional del presidente, sino sobre la discrecionalidad en general en el ejercicio del poder público como elemento que necesariamente conduce siempre a la corrupción y al abuso de poder sobre el ciudadano.

La discusión de gran parte de la sociedad civil sobre las reformas que el país requiere para lograr un verdadero estado de derecho, se ha centrado mucho sobre las reformas electorales, paridad de género en las postulaciones a puestos de elección, financiamiento de campañas, y otros aspectos que tienen en común el que se preocupan por la determinación de a quién hemos de elegir. El paradigma reinante parece ser que la solución a nuestros problemas como país en su falta de institucionalidad, falta de justicia, burda impunidad de los delincuentes de cuello blanco, corrupción rampante en la administración de la cosa pública y otros males harto conocidos, va por la vía de elegir las personas “correctas” para presidente, diputados y demás cargos de elección. Es el viejo paradigma de Platón de que si tan solo elegimos un rey filósofo, todo irá bien.

Les tengo una mala noticia: con ese paradigma nos seguiremos estrellando una y otra vez –cada cinco años, para ser precisos. La máxima de Lord Acton de que el poder corrompe debe ser atendida. Si entendemos esto, debemos descartar la idea de que llegará el día en que podremos dormir tranquilos porque habremos encontrado la fórmula para elegir los correctos. En fin, lo que propongo es simple: admitamos que más de dos mil y tantos años de fracaso del paradigma de Platón –de que debemos preocuparnos por elegir al rey filósofo como estrategia política— son más que suficientes, y busquemos otra estrategia.

La estrategia que propongo no es invento mío. Es la que adoptaron los fundadores de la república norteamericana, y no es otra que limitar severamente el ejercicio del poder público –en vez de insistir en que es bueno que el gobernante tenga mucho poder para hacer el bien, confiando que la próxima vez sí elegiremos al personaje correcto— para evitar que sus ocupantes de turno lo abusen en detrimento de la cosa pública y de la ciudadanía.

¿Cuándo fue que aceptamos que el presidente debía tener una cuenta discrecional y que además este no tenía que rendir cuentas de su uso? Desde costosas y lujosas prendas de vestir, pasando por joyas, gastos médicos sustanciales para allegados del presidente y hasta diputados de oposición -¿en qué se diferencia esto de las compras de conciencias de diputados de oposición que se hiciera en el período anterior?--, y donaciones por decenas de miles de dólares para obras sociales de un colegio privado, han sido ejemplos de los usos que se han dado a la partida discrecional del presidente en distintos períodos de gobierno. Y la normalidad con la que el presidente de turno declara que puede gastar los dineros de nuestros impuestos en lo que él quiera –aunque ello no responda a ninguna razón de estado— es sintomático de que en nuestro país hemos permitido que los políticos sientan que el presidente es un monarca elegido por período fijo de cinco años, y los diputados una especie de sus señores feudales, elegidos también por igual término.

No nos quedemos en las ramas de que si la partida debe ser regulada, que si los usos deben ser limitados. Debemos cambiar el chip y entender que el problema no es quién se siente en esa silla, sino que tengamos un sistema de verdadera limitación del poder público y con pesos y contrapesos funcionales –y no la pantomima de Órgano Judicial que tenemos— que sirvan para mantener al presidente como un verdadero mandatario, que es quien recibe un mandato y no quien manda y hace lo que quiere, como de forma torcida se ha entendido aquí.

El autor es director de la Fundación Libertad.


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