La metamorfosis del agua

Por: Roberto Brenes P.

Ya empezó a circular un proyecto para crear la Autoridad Nacional del Agua en reemplazo del Idaan, emulando al Canal de Panamá. Con calcar la estructura legal del Canal ni haremos algo similar ni se resuelven los problemas de suministro de agua y alcantarillado del país. Necesitamos mucho más que eso. Dicen que “a grandes males, grandes remedios”. Y el Gobierno cree pensar en grande cuando pone a circular un proyecto de ley para crear la Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento. La “cosota” del proyecto; que se dota esta autoridad de una estructura legal calcada de la Autoridad del Canal de Panamá, como si con ponerle plumas de harpía a un perico se logra pasarlo de vegetariano a carnívoro o de depredador a rapaz.

El Canal es un modelo de eficiencia, porque no vive de un monopolio legislado. El Canal debe competir en los mercados mundiales por su carga y tráfico con otras alternativas, lidia con un grupo limitado pero poderoso de clientes. La República de Panamá no tiene influencia alguna ni en las decisiones de esos clientes ni en las fuerzas que mueven los mercados mundiales de carga. El Canal, como el harpía, tiene que cazar para comer. Tener una estructura legal adecuada sí ayuda; pero allí, cada empleado entiende perfectamente de competencia y eficiencia porque está en su ADN laboral. Ese es el incentivo que al final de cuentas mueve al Canal y que le permite generar y mantener una filosofía y organización ganadora.

Tratar, entonces, de resolver los problemas del agua –un monopolio interno, politizado, en el que el Gobierno es juez y parte, carcomido por generaciones de burócratas y con una mora descomunal de infraestructura–, disfrazando al perico, no parece sensato. Hay que empezar por redefinirle a quien o quienes se encarguen de resolver el agua, incentivos atractivos y duraderos. Para mí ese camino está en una combinación de objetivos que premien la eficiencia y el buen manejo del agua con objetivos sociales de expandir la red y proteger los recursos naturales, como veremos adelante.

Volvamos un momento a la propuesta. Aunque se hable de independencia tipo Canal, la inconfundible filosofía de un Ejecutivo mandón y arbitrario se refleja no pocas veces en el proyecto. Por ejemplo, si bien el proyecto le concede a la autoridad una autonomía e independencia similar al Canal, por otra parte, le crea un organismo de fiscalización nuevo, separado de la Autoridad de los Servicios Públicos; la Secretaría del Agua. Pero a diferencia de aquella donde los funcionarios están blindados de los caprichos del Ejecutivo, el secretario del Agua “será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República” (Art.135). Con un fiscalizador a merced del Ejecutivo, ¿cuál es, entonces, la autonomía del regulado?

Tampoco es posible hacer un ente nuevo y eficiente, imposibilitando la reducción de planilla o de empleados. Estas disposiciones de inamovilidad y estabilidad son contraproducentes y carísimas. El ejemplo más prominente es el Seguro Social, porque a pesar de los esfuerzos de las administraciones recientes, la Caja está secuestrada por la demagogia laboral. ¿Qué creen ustedes que le pasaría al Canal con cláusulas demagógicas de este tipo? ¿Por qué debe la Autoridad del Agua vivir con normas politiqueras, si lo que queremos es que se parezca al Canal?

Una discusión completa e integral de los problemas del agua debe incluir el análisis de otras formas de organización del negocio, tanto en su carácter operativo como la posibilidad de tener diversos entes, brindando diferentes partes del servicio y en diferentes partes del país. Debemos discutir seriamente el modelo de empresa mixta en la que un operador privado responde a los incentivos de eficiencia y un socio Estado responde a los incentivos de sostenibilidad de largo plazo, tanto de cobertura como de tarifas adecuadas.

Tenemos experiencia en telecomunicaciones, logística y generación y distribución eléctrica. Sabemos los errores del primer proceso de des-estatización y podemos evitarlos. Por ejemplo: la elección de un operador no debe basarse en la mejor propuesta económica, sino en la mejor estructura tarifaria de largo plazo con el mayor beneficio al usuario. No se trata de hacer rico al Gobierno, sino al ciudadano. Tampoco debemos limitar la oferta de concesionarios a grandes multinacionales. Hay operadores regionales en Colombia, Ecuador, Filipinas, Chile, etc., que no están sujetos a políticas globales que miran más al mercado financiero que al bienestar del contexto donde operan.

¿Y por qué no discutir la posibilidad de empresas mixtas locales, provinciales o municipales? Los que estamos zambullidos en el desastre del transporte público metropolitano no nos damos cuenta de que en muchos lugares del interior este servicio es bastante decente, a través de concesiones municipales a operadores privados. En lo que nos ocupa, David tiene más de 10 años de tener el servicio de basura privatizado que funciona bien. Y nadie se rasga las vestiduras. El tema está en la mesa y debemos abrir su discusión.

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